En Colombia no puede haber una competencia del dolor.

A 24 años de la atroz masacre de Bojayá, el país sigue debatiéndose entre la memoria y el olvido.
Allí, donde más de 70 personas murieron refugiadas en una iglesia, la guerra dejó una herida imposible de reducir a cifras. Bojayá no es un número: es un símbolo del horror, de la desprotección y del abandono histórico.

Y sin embargo, hoy, dos décadas después, seguimos contando muertos.

Acabamos de presenciar otra tragedia: 21 vidas arrebatadas por un explosivo en la vía Panamericana, en Cajibío (Cauca).
Personas que no eran estadísticas, sino familias, trayectorias, comunidades enteras golpeadas —muchas de ellas provenientes de territorios ya marcados por la violencia reiterada.

Y mientras el país aún intenta comprender estas pérdidas, las cifras del pasado también se reabren: según reportó el medio Demócrata, Colombia actualizó a 7.837 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) entre 1990 y 2016.
Una cifra que no solo crece: interpela profundamente la responsabilidad del Estado.

En Colombia no puede haber una competencia del dolor.

Nos negamos a aceptar que la violencia se convierta en cifras enfrentadas, en argumentos de debate o en herramientas de polarización. Nos negamos a que el sufrimiento de miles de personas sea usado para ganar discusiones, justificar posturas o relativizar responsabilidades.

Hoy, mientras se discuten 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, la Jurisdicción Especial para la Paz ha determinado que, entre 1996 y 2016, al menos 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado por las extintas FARC-EP —una cifra que incluye tanto el reclutamiento directo como su utilización en el conflicto—.

Convertir estos hechos en comparaciones no acerca a la verdad: profundiza la división y desdibuja la dignidad de todas las víctimas.

No lo aceptamos.

Las cifras importan.
Son fundamentales para la verdad. Nombran lo que durante años fue negado, ocultado o silenciado.
Pero las cifras no pueden convertirse en armas para dividir la memoria ni para fragmentar la dignidad de quienes han sufrido la guerra.

Cada número representa una vida.
Una historia interrumpida.
Una familia atravesada por la ausencia, el miedo o el desarraigo.
Reducir esas vidas a una disputa es una forma más de violencia.

En el debate público reciente se han comparado crímenes que no deberían compararse. Como lo señaló la periodista Catalina Oquendo, se trata de hechos de naturaleza distinta: unos cometidos por agentes del Estado y con armas del Estado; otros, por actores armados ilegales de quienes, en muchos casos, no se esperaba el cumplimiento de obligaciones institucionales.

Nombrar esa diferencia no es jerarquizar el dolor.
Es comprender la responsabilidad histórica y ética de cada actor en el conflicto.

Pero incluso en esa comprensión, hay algo que no cambia:
todas las víctimas importan. Sin excepción.

El Acuerdo de Paz de 2016 lo establece con claridad: las víctimas deben estar en el centro.
Este no es un principio simbólico, es un mandato ético, político y social.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad —“Hay Futuro Si Hay Verdad”— no solo nos dejó un relato amplio y profundo del conflicto, sino también recomendaciones que nos interpelan como sociedad.

No son sugerencias abstractas. Son llamados concretos a la acción:

A los grupos armados que aún persisten, para que cesen la violencia.
Al Estado, para que garantice derechos y no repetición.
A la clase política, para que no instrumentalice el dolor.
A los medios de comunicación, para que informen con responsabilidad.
Y a toda la sociedad, para que no normalice la indiferencia.

Detrás de cada cifra —de Bojayá, de Cajibío, de los falsos positivos— hay un esfuerzo pendiente: el de reconocer plenamente a las víctimas, sin condiciones ni comparaciones.

Poner a las víctimas en el centro implica escuchar sin competir, reconocer sin comparar y dignificar sin jerarquías.
Implica rechazar cualquier intento de usar su dolor como herramienta de confrontación.

La paz no se construye desde la negación ni desde la disputa de cifras.
Se construye desde la verdad completa, el reconocimiento de responsabilidades y el compromiso real con la no repetición.

Por eso afirmamos:

No hay víctimas de primera ni de segunda categoría.
No hay dolores que deban enfrentarse entre sí.
No hay cifras que puedan justificar el olvido de otras.

Hay un país que necesita mirarse con honestidad.
Hay una historia que exige ser contada sin fragmentaciones.
Y hay miles de víctimas que merecen ser reconocidas en su dignidad plena.

Sin víctimas en el centro, no hay paz.
Sin verdad, no hay futuro.

#PazDiversa